El Tribunal de Justicia Europeo ha sentenciado este martes que el IRPH es susceptible de declararse abusivo y sometido a anulación por parte de los jueces nacionales

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considera que el IRPH debe estar sometido a control judicial para que los tribunales españoles evalúen en cada contrato si se cometió abuso.

 

¿Qué es el IRPH?

El IRPH (siglas de índice de referencia de préstamos hipotecarios) es un índice oficial, elaborado por el Banco de España desde hace 25 años. Dejó de publicarse en noviembre del 2013. Se calcula con la media de interés de los préstamos hipotecarios que conceden los bancos. Es el segundo índice más usado en préstamos variables para vivienda, por detrás del euríbor, que se establece según los tipos  de los préstamos entre los bancos.

El TJUE fija que esta cláusula no solo debe ser comprensible en un plano formal y gramatical, sino también permitir que «el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz» esté en condiciones de comprender el funcionamiento concreto del cálculo del tipo de interés. El método de calculo  era fácilmente accesible a cualquier persona porque se publicaba en el Boletín Oficial del Estado . Y en segundo lugar, que las entidades financieras estaban obligadas a informar al cliente de cual había sido la evolución del índice durante los dos años naturales previos al contrato

Dice la sentencia europea:“los tribunales españoles deberán asegurarse del carácter claro y comprensible de las cláusulas de contratos de préstamo hipotecario que establezcan la aplicación de un tipo de interés variable basado en el índice de referencia de las cajas de ahorros».

Consúltenos si su hipoteca tiene IRPH y cuanto dinero puede recuperar.

Los créditos morosos antiguos caducan en 2020

Dentro de siete meses vencen todas las deudas y obligaciones generadas entre los años 2005 y 2015 que no hayan sido reclamadas.

Las reclamaciones pueden ser muy variadas desde facturas impagadas, o rentas de alquiler no formalizadas, hasta requerimientos de perjuicios derivados de productos financieros.

A partir del próximo 7 de octubre ya no podrán reclamarse las deudas que se generaron entre esos años si no fueron reclamados con anterioridad. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo confirma lo que ya estableció en 2015 la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil con la que se modificó el art. 1964 del Código Civil.

Contar con menos tiempo en el vencimiento de deudas puede verse desde dos perspectivas. Por un lado, para el deudor juega a su favor ya que el tiempo para que formalicen lo impagado se ha acortado. Por el contrario, para las acreedoras es una desventaja ya que si no han reclamado sus deudas con anterioridad no podrán hacerlo.

Cualquier contacto sexual sin consentimiento es abuso sexual, no delito de coacciones

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en la sentencia 396/2018, ha establecido que cualquier acción que implique un contacto corporal no consentido con significación sexual, en la que concurra un ánimo tendencial entendido como el propósito de obtener una satisfacción sexual a costa de otro, supone un ataque a la libertad sexual de la persona que lo sufre y, como tal, constituye un delito de abuso sexual previsto y penado en el artículo 181 del Código Penal; sin perjuicio de que la mayor o menor gravedad de dicha acción tenga reflejo en la individualización de la pena.

La Sala considera que estas conductas han de enmarcarse en el delito de abuso sexualy no en el delito leve de coacciones.

Recordamos que el Código Penal dispone sobre el abuso sexual que el que, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona, será castigado, como responsable de abuso sexual, con la pena de prisión de 1 a 3 años o multa de 18 a 24 meses. Mientras que el delito de coacciones establece que el que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 3 años o con multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados. Concretamente, el apartado 3º del artículo 172 dispone que cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el apartado 22 del artículo 173, la pena será la de localización permanente de 5 a 30 días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a treinta días, o multa de uno a cuatro meses.

¿Quiénes son estas personas del artículo 173.2 del Código Penal? Se refiere en particular al cónyuge o persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivenciaEs decir, la regulación del artículo 172.3 del Código Penal solo protege a las mujeres siempre que se traten de parejas o exparejas del autor de los hechos, a diferencia del artículo 181, sobre abusos sexuales, que no desampara a ninguna mujer.

En cambio, el incremento de la pena con esta nueva doctrina es insignificante y el contenido contradictorio, puesto que el abuso sexual se comete sin violenciay en el de coacciones se hace uso de la misma. Con lo cual, si un hombre lleva a cabo una conducta de carácter sexual sobre una mujer sin su consentimiento, y no emplea la violencia para conseguir su propia satisfacción sexual, ya no podríamos hablar de delito de coacciones, que tiene como requisito el uso de la violencia, tal y como deducimos de la lectura del artículo 172.1 del Código Penal y, si el autor llegara a servirse de violencia, estaríamos hablando de un caso de agresión sexual, nunca acudiríamos al delito de coacciones.

Con todo, el tribunal recuerda que el tipo penal del abuso sexual exige como requisitos un elemento objetivo de contacto corporal, tocamiento impúdico, o cualquier otra exteriorización o materialización con significación sexual. Este contacto corporal, explican los magistrados, puede ser ejecutado directamente por el sujeto activo sobre el cuerpo del sujeto pasivo o puede ser ordenado por el primero para que el sujeto pasivo lo realice sobre su propio cuerpo siempre que el mismo sea impuesto. Por otro lado, añaden, que requiere también un elemento subjetivo o tendencial que se refiere al ánimo o propósito de obtener una satisfacción sexual a costa de otro.

Para la Sala, si concurren los requisitos de este delito de abuso sexual, “el hecho, aun cuando hubiera sido momentáneo, sería subsumible en el delito de abuso sexual del artículo 181 del Código Penal y no en el delito leve de coacciones castigado en el artículo 172.3”.

El Tribunal Supremo fija este criterio en una sentencia en la que desestima el recurso de casación interpuesto por una mujer contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba que confirmó la absolución de un hombre acusado de un delito de abuso sexual. En este caso concreto, afirma que no aplica la nueva doctrina debido a que los hechos probados de la sentencia recurrida “no expresan con la suficiente claridad los datos fácticos precisos para concluir la existencia de un delito de abuso sexual”.

Los hechos ocurrieron en un bar de Villanueva (Córdoba), en agosto de 2015, cuando el acusado rozó momentáneamente en la zona del pecho y de la cintura a la recurrente al tratar de coger las llaves del aseo de señoras, después de haberla seguido hasta allí e intentar entrar dentro con ella. En su sentencia, la Sala explica que los hechos probados son “insuficientes” para fundamentar una condena por este delito puesto que no recogen ni la naturaleza sexual del comportamiento del recurrente ni el requisito subjetivo o tendencial que exige el delito de abuso sexual

Despedir a un conductor ebrio es excesivo si no causó un perjuicio real a la empresa

Las conductas graves en el ámbito laboral pueden desembocar en el despido procedente del trabajador. Sin embargo, a veces no está clara la línea que separa una simple sanción del despido, que puede ser una medida excesiva aún cuando la acción del trabajador pueda parecer merecedora de castigo.

De esta forma, acudir al trabajo en estado de embriaguez, aunque el mismo consista en la conducción de un vehículo, o ausentarse del puesto de manera reiterada pueden ser consideradas como un despido improcedente. Así lo ha confirmado el Tribunal Supremo en su sentencia 757/2019 donde un profesional de limpieza ha logrado su readmisión o indemnización pese a conducir el camión de la basura bajo los efectos del alcohol.

El empleado trabajaba como profesional de peón de limpieza desde el año 2003, ejerciendo las labores de conducción de camión de recogida de residuos en la ruta fijada por la empresa, para después vaciarlos en la nave habilitada para ello. Los vehículos llevan incorporado un dispositivo GPS para la localización y registro de la ruta seguida, algo conocido por los trabajadores y que es exigido por el propio Ayuntamiento. El sistema registró como en reiteradas ocasiones el trabajador se desvió de su ruta y estacionó el camión durante largos periodos de tiempo.

Por otro lado, la Policía Local llevó a cabo un control de alcoholemia a tres trabajadores, entre ellos el demandante. Todos ellos fueron despedidos y tras presentar demanda, la sentencia de instancia declaró la improcedencia del despido, obligando a la readmisión del trabajador o a indemnizarle con 30 mil euros. La sentencia fue recurrida en suplicación ante el TSJ de Madrid, que desestimó el recurso.

El despido fue una medida desproporcionada

En su recurso de casación ante el Tribunal Supremo, la empresa denuncia una infracción del artículo 54 ET, que permite la extinción del contrato por incumplimiento grave y culpable del trabajador. Asimismo, invoca como sentencia de contraste la TSJ de Illes Balears de 14 de febrero de 2011, rec. 226/2010.

En la sentencia citada se trata el despido disciplinario en un caso muy parecido en el que el trabajador había abandonado reiteradamente el puesto de trabajo facturando las horas como trabajadas, habiendo sido calificado como procedente. En su sentencia, el Alto Tribunal explica que es prácticamente imposible que pueda apreciarse la existencia de contradicción en materia de despidos disciplinarios entre dos sentencias, al ser muy difícil que los elementos sean idénticos y “así sucede en este caso, en el que los hechos declarados probados en cada una de las sentencias en comparación reflejan actuaciones totalmente dispares en uno y otro caso”.

En el caso de la presente sentencia se aprecia que la actuación del trabajador puede ser merecedora de alguna clase de sanción, pero que no ha supuesto en realidad perjuicio alguno para la empresa y por ese motivo se considera desproporcionada y excesiva la sanción de despido, mientras que en la sentencia que pretende compararse sí hubo una reclamación y un perjuicio a la empresa.

Cómo funcionan las indemnizaciones por accidentes de tráfico. Cómo reclamar una indemnización

Una vez que nos hemos tratado de las lesiones causadas, el primer paso a la hora de empezar los trámites para conseguir una indemnización es ponerse en contacto con los expertos de la compañía aseguradora para calcular el baremo en función de las tres variables que hemos comentado anteriormente. Para ello, un consejo puede ser contar con el asesoramiento de un abogado profesional para que se tengan en cuenta todas las reclamaciones.

En este sentido, es muy importante estar en posesión de todos los documentos médicos relativos a las lesiones y al tratamiento seguido para que se puedan calcular bien los daños ocasionados. Tras haber calculado todas las variables, la empresa aseguradora realizará una primera oferta que, si es justa, podrá ser aceptada por el cliente para agilizar el trámite.

Pero si la oferta no es lo que se espera, el siguiente paso será realizar una reclamación utilizando la vía judicial. Un proceso largo en el que hay que contar con la asistencia de un abogado profesional especializado en la materia y en el que habrá que combatir con la aseguradora para conseguir la cantidad que realmente queremos recibir.

Las indemnizaciones por accidentes de tráfico son un asunto que pueden llegar a complicarse mucho, por lo que es mejor estar muy informados al respecto para obtener lo que es justo.

Los patinetes eléctricos que superan los 25 km/h necesitan permiso de conducir,

La Audiencia Provincial de Cáceres ha emitido una sentencia en la que dictamina que los patinetes eléctricos que superan los 25 km/h de velocidad o los 1.000 watios de potencia son ciclomotores y para su uso se necesita permiso de conducir.

La Sala desestima así el recurso de apelación que el acusado interpuso contra la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 2 de Cáceres, que pretendía que se declarase que al ser un patinete eléctrico no necesitaba permiso de conducir.

Usuario denunciado

El acusado fue denunciado por agente de la Policía Local por circular con un patinete eléctrico sin permiso de conducción y el Juzgado de lo Penal declaró que para ese vehículo era necesario y que conducir careciendo del mismo es un delito contra la seguridad del tráfico.

No obstante, el Juzgado absolvió al acusado por un error de tipo al considerar que fuentes oficiales le habían informado que en su caso no hacía falta.

Pese a absolverle, el implicado recurrió pidiendo que se declarara que lo que conducía no era un ciclomotor sino un patinete eléctrico y “no tiene la obligación de obtener licencia para conducir”.

En cambio, la Audiencia de Cáceres en su fundamento jurídico segundo señala que el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación, de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, considera “ciclomotor a un vehículo de dos ruedas, con una velocidad máxima de 45 km/h o bien una potencia continua nominal máxima inferior o igual a 4 kw si es de motor eléctrico, siendo estas, apuntan “las características del vehículo que conducía el acusado”.

El recurso, por tanto, ha quedado desestimado y la sentencia es firme.

Atribución de la guarda y custodia exclusiva a un progenitor por la adicción al tabaco del otro

La Audiencia Provincial de Córdoba en su sentencia 593/2018, de 18 de septiembre (Recurso 708/2018) sustituye el régimen de guarda y custodia compartida, establecido en primera instancia, por una custodia materna.

Para adoptar esta decisión de atribuir a la madre en exclusiva la custodia de los hijos, el Tribunal de apelación tiene en cuenta el tabaquismo del padre y el ambiente cargado de humo que por este motivo tienen que soportar los menores, de 10 y 13 años de edad.

Además, resalta el poco interés que tiene el progenitor en preservarlos del riesgo objetivo que supone para la salud de los niños estar en este ambiente lleno de humo, toda vez que debe salvaguardarse a los menores de toda situación de peligro para su salud.

Asimismo, la sentencia declara que este proceder del padre, cuya prioridad es su adicción al tabaco por encima de la salud de sus hijos, es irresponsable por perjudicar a los niños al hacerles respirar habitualmente en esas circunstancias. Incluso fuma en la habitación en la que duerme el hijo mayor.

Y concluye la Audiencia señalando que los menores deben ser protegidos en su hogar de este factor de riesgo del que la sociedad se cuida mucho en proteger a cualquier ciudadano, mayor o menor de edad, en lugares públicos, centros escolares o centros de trabajo.

Por último, se establece un régimen de visitas y estancias en vacaciones escolares del padre con sus hijos, pero con apercibimientos derivados del riesgo que supone para los menores fumar en su presencia en lugares cerrados como hasta ahora ha venido haciendo.

El hecho de que el menor no quiera relacionarse con su padre no obliga a restringir el régimen de visitas

El padre tiene derecho a relacionarse con su hijo menor y este tiene derecho y también la obligación de relacionarse con su padre.

Es evidente que el régimen de visitas que se establece va a depender fundamentalmente de la voluntad del menor, por lo que va a ser de muy difícil cumplimiento. Sin embargo, ello no es motivo para que un Tribunal prive a un progenitor de poder relacionarse con su hijo sin causa que lo justifique, acordando que sea el propio menor quien decida si le apetece o no estar con su padre.

La Audiencia concluye que, aunque pueda y deba tenerse en cuenta la opinión del hijo en relación con el mismo, sobre todo cuando es mayor de 12 años, ello no quiere decir que los derechos del padre a mantener relación con su hijo desaparezcan por la simple decisión del menor.

Los efectos de la convivencia con nueva pareja en el domicilio familiar

La sentencia del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre derecho de familia 641/2018, de 20 de noviembre determina cuál es el efecto que produce la convivencia del progenitor custodio con una nueva pareja respecto al derecho de uso de la vivienda familiar atribuido en la sentencia de divorcio.

Lo importante de esta Sentencia del Tribunal Supremo es que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre un asunto en el que nunca antes «… se ha pronunciado directamente esta sala.» y se centra en los efectos que produce la convivencia del progenitor custodio, que tiene atribuido el uso de la vivienda familiar, junto a los hijos menores, con una nueva pareja.

En estos casos, cada vez más frecuentes y que planteaban situaciones conflictivas se exigía una respuesta como la de esta Sentencia. Así  el Pleno de la Sala Primera valora el hecho de la convivencia de un tercero en la que fuera vivienda familiar como una variable determinante para acordar la extinción del uso, sin que ello implique desatender el interés de los menores.

El progenitor custodio y los menores mantendrán el derecho de uso sobre la que fuera vivienda familiar hasta la liquidación de la sociedad de gananciales.

La medida no priva a los menores de su derecho a una vivienda: “La medida no priva a los menores de su derecho a una vivienda, ni cambia la custodia, que se mantiene en favor de su madre. La atribución del uso a los hijos menores y al progenitor custodio se produce para salvaguardar los derechos de aquellos. Pero más allá de que se les proporcione una vivienda que cubra las necesidades de alojamiento en condiciones de dignidad y decoro, no es posible mantenerlos en el uso de un inmueble que no tiene el carácter de domicilio familiar, puesto que dejó de servir a los fines que determinaron la atribución del uso en el momento de la ruptura matrimonial, más allá del tiempo necesario para liquidar la sociedad legal de gananciales existente entre ambos progenitores.”